Los gobiernos han comenzado a reconocer los crecientes impactos del cambio climático en el desplazamiento de personas. Las políticas de adaptación, en particular, muestran una comprensión matizada de las formas en que el cambio climático influye en la capacidad —o necesidad— de las personas para moverse. Hasta 2024, 11 de los 25 Estados miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) mencionaban la movilidad relacionada con el clima en sus planes de acción climática, ya sea en sus Planes Nacionales de Adaptación (PNA) o en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Un ejemplo reciente es México, que actualizó su Estrategia Nacional de Cambio Climático para incluir los retos de la migración interna e internacional provocada por los impactos climáticos. La estrategia enfatiza que las respuestas deben basarse en los derechos humanos, tanto para ayudar a las comunidades a adaptarse como para apoyar a las personas migrantes en su reasentamiento e integración.

Más allá de las políticas climáticas, algunos países han comenzado a explorar nuevas leyes y normativas para abordar directamente el desplazamiento por causas climáticas. Costa Rica, por ejemplo, analizó cambios en su legislación sobre refugio para incluir a personas desplazadas por eventos relacionados con el clima. En Colombia, la Corte Constitucional dictaminó que los impactos del cambio climático pueden considerarse legalmente una causa de desplazamiento forzado, e instó al legislador a crear un marco jurídico que aborde de forma directa este problema. Un proyecto de ley presentado en 2023 propone crear un registro nacional de personas desplazadas por el cambio climático y contempla protecciones y apoyos específicos para ellas.

En general, los gobiernos de la región están empezando a tratar la movilidad climática como un asunto político real y urgente. Algunos buscan formas de trabajar dentro de los sistemas migratorios existentes para ofrecer protección a las personas desplazadas por crisis climáticas y ambientales. Sin embargo, la mayoría de estas protecciones son temporales y se aplican solo en situaciones muy específicas. Actualmente, la región todavía carece de vías de reubicación a largo plazo, seguras y confiables, para quienes necesitan trasladarse a causa del cambio climático—vías que garanticen seguridad, dignidad y la oportunidad de reconstruir sus vidas.