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7.3
Avance Regional
Los marcos de políticas regionales están buscando soluciones a gran escala.
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Avance Regional
Los marcos de políticas regionales están buscando soluciones a gran escala.
La movilidad climática es cada vez más reconocida como un problema colectivo que requiere un enfoque común en las Américas y dentro del Gran Caribe.
La movilidad climática es cada vez más reconocida como un problema colectivo que requiere un enfoque común en las Américas y dentro del Gran Caribe.
La movilidad climática es cada vez más reconocida como un problema colectivo que requiere un enfoque común en las Américas y dentro del Gran Caribe.
La región tiene un entorno de políticas orientado al futuro apto para encontrar soluciones pragmáticas para la reciente migración y desplazamiento a gran escala.
Por ejemplo, los Acuerdos Regionales de Libre Movimiento (FMAs) facilitaron de manera efectiva la migración económica y han servido como vías de movilidad climática de facto en situaciones de desastre. En 2017, el FMA de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y la disposición de estadía sin visa por 6 meses de la Comunidad del Caribe (CARICOM) permitieron la rápida reubicación de poblaciones desplazadas por huracanes de Dominica durante el Huracán María. La reciente decisión de CARICOM de ampliar su FMA atestigua el reconocimiento de que los destinos económicos de los estados están entrelazados. También podría proporcionar vías para la reubicación que salvan vidas frente a futuros peligros climáticos de inicio lento y repentino.
Más recientemente, en 2023, la OECS elevó la movilidad climática en la agenda regional a través de la Declaración Ministerial sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático. La Declaración enfatiza acciones que mitigan la necesidad de las comunidades vulnerables de reubicarse, al mismo tiempo que destaca medidas para mejorar los beneficios de las respuestas migratorias.
La próxima Declaración y Plan de Acción de Chile, que se adoptará en diciembre de 2024 en el 40 aniversario de la histórica Declaración de Cartagena de 1984, probablemente abordará las necesidades de protección de las poblaciones desplazadas a través de fronteras por desastres y otros peligros climáticos. Además, se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión consultiva sobre el alcance de las obligaciones estatales, incluyendo en el contexto de “movilidad humana involuntaria exacerbada por la emergencia climática”. La opinión de la Comisión podría guiar a los tribunales nacionales y normas regionales en el futuro.
Estas iniciativas prometedoras sirven como pasos hacia una cooperación política regional. Lo que falta es una agenda y un marco común para planificar la movilidad climática.
La región tiene un entorno de políticas orientado al futuro apto para encontrar soluciones pragmáticas para la reciente migración y desplazamiento a gran escala.
Por ejemplo, los Acuerdos Regionales de Libre Movimiento (FMAs) facilitaron de manera efectiva la migración económica y han servido como vías de movilidad climática de facto en situaciones de desastre. En 2017, el FMA de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y la disposición de estadía sin visa por 6 meses de la Comunidad del Caribe (CARICOM) permitieron la rápida reubicación de poblaciones desplazadas por huracanes de Dominica durante el Huracán María. La reciente decisión de CARICOM de ampliar su FMA atestigua el reconocimiento de que los destinos económicos de los estados están entrelazados. También podría proporcionar vías para la reubicación que salvan vidas frente a futuros peligros climáticos de inicio lento y repentino.
Más recientemente, en 2023, la OECS elevó la movilidad climática en la agenda regional a través de la Declaración Ministerial sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático. La Declaración enfatiza acciones que mitigan la necesidad de las comunidades vulnerables de reubicarse, al mismo tiempo que destaca medidas para mejorar los beneficios de las respuestas migratorias.
La próxima Declaración y Plan de Acción de Chile, que se adoptará en diciembre de 2024 en el 40 aniversario de la histórica Declaración de Cartagena de 1984, probablemente abordará las necesidades de protección de las poblaciones desplazadas a través de fronteras por desastres y otros peligros climáticos. Además, se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión consultiva sobre el alcance de las obligaciones estatales, incluyendo en el contexto de “movilidad humana involuntaria exacerbada por la emergencia climática”. La opinión de la Comisión podría guiar a los tribunales nacionales y normas regionales en el futuro.
Estas iniciativas prometedoras sirven como pasos hacia una cooperación política regional. Lo que falta es una agenda y un marco común para planificar la movilidad climática.
La región tiene un entorno de políticas orientado al futuro apto para encontrar soluciones pragmáticas para la reciente migración y desplazamiento a gran escala.
Por ejemplo, los Acuerdos Regionales de Libre Movimiento (FMAs) facilitaron de manera efectiva la migración económica y han servido como vías de movilidad climática de facto en situaciones de desastre. En 2017, el FMA de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y la disposición de estadía sin visa por 6 meses de la Comunidad del Caribe (CARICOM) permitieron la rápida reubicación de poblaciones desplazadas por huracanes de Dominica durante el Huracán María. La reciente decisión de CARICOM de ampliar su FMA atestigua el reconocimiento de que los destinos económicos de los estados están entrelazados. También podría proporcionar vías para la reubicación que salvan vidas frente a futuros peligros climáticos de inicio lento y repentino.
Más recientemente, en 2023, la OECS elevó la movilidad climática en la agenda regional a través de la Declaración Ministerial sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático. La Declaración enfatiza acciones que mitigan la necesidad de las comunidades vulnerables de reubicarse, al mismo tiempo que destaca medidas para mejorar los beneficios de las respuestas migratorias.
La próxima Declaración y Plan de Acción de Chile, que se adoptará en diciembre de 2024 en el 40 aniversario de la histórica Declaración de Cartagena de 1984, probablemente abordará las necesidades de protección de las poblaciones desplazadas a través de fronteras por desastres y otros peligros climáticos. Además, se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión consultiva sobre el alcance de las obligaciones estatales, incluyendo en el contexto de “movilidad humana involuntaria exacerbada por la emergencia climática”. La opinión de la Comisión podría guiar a los tribunales nacionales y normas regionales en el futuro.
Estas iniciativas prometedoras sirven como pasos hacia una cooperación política regional. Lo que falta es una agenda y un marco común para planificar la movilidad climática.