En toda la región, las personas mantienen un fuerte vínculo con su tierra, sus medios de vida y sus comunidades. Perder el hogar o verse obligado a dejarlo constituye una ruptura profunda.

Sin embargo, las comunidades que eligen permanecer en su lugar enfrentan riesgos cada vez mayores debido al cambio climático, incluida una pobreza creciente. Para evitar que la inmovilidad se convierta en una trampa, los gobiernos tienen el deber de ayudar a las comunidades a adaptarse y a tomar decisiones informadas para reducir el riesgo y prevenir pérdidas y daños.

Para quienes estén dispuestos a trasladarse, deben existir procedimientos claros y justos para la reubicación. Las políticas bien diseñadas deben ofrecer garantías y asegurar que las personas puedan desplazarse de forma planificada y digna. Los gobiernos nacionales y los organismos regionales también deben crear vías seguras y legales para la movilidad transfronteriza por razones climáticas.

Cuando las personas se desplazan por desesperación o en medio de un desastre, se vuelven vulnerables a abusos y explotación. La creciente presencia de redes de delincuencia organizada vinculadas a la trata de personas, la extorsión y los secuestros hace que la situación sea aún más peligrosa para refugiados, personas desplazadas y migrantes.